Arturo Frei Bolívar manifiesta en su libro "La esperanza de Chile", publicado en 1985: "Dichos organismos (la DINA y CNI) han sido dotados de recursos materiales que escapan a cualquier sistema de control y sus actividades gozan de la más absoluta impunidad dependiendo directa y exclusivamente del Jefe del Estado."

"Si bien es cierto que el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 se presenta en los hechos como la culminación de un proceso de extremo enfrentamiento político-ideológico en el cual las Fuerzas Armadas fueron llamadas a arbitrar, no es menos cierto que ya antes de desencadenarse esa crisis en las FF.AA. había penetrado un esquema de pensamiento con claras connotaciones político-ideológicas: la Doctrina de Seguridad Nacional, cuya formulación responde a intereses estratégicos de las principales potencias mundiales de Occidente, en particular Estados Unidos, ligados a las contingencias de la guerra fría.
La Doctrina de Seguridad Nacional es un modelo ideológico (...) que erige a las Fuerzas Armadas como actor protagónico de la sociedad, con la misión de asegurar la supervivencia de la nación y la prosecución de (sus) objetivos, tarea que es definida como una acción de guerra en contra del marxismo y del comunismo internacional.
Consecuentemente, la posición que adoptan las Fuerzas Armadas frente al gobierno de la Unidad Popular no podía ser otra que la de beligerancia.
De esta manera, una vez producida la caída del gobierno anterior, el país es declarado en "estado de guerra" y las Fuerzas Armadas asumen (...) la conducción política del país (...) que se desarrollará en el futuro de acuerdo con la lógica bélica antisubversiva.
Desde 1973 Chile ha sido gobernado ininterrumpidamente mediante estados de excepción (que) se ha justificado con el argumento de que son necesarios para salvaguardar las condiciones de paz y tranquilidad que estarían amenazadas por la acción terrorista de pequeños grupos subversivos; es decir, se pretexta que el restablecimiento de la normalidad en la convivencia nacional dependerían de la mantención de una situación permanente de anormalidad y que la defensa de los derechos fundamentales de las personas a vivir en libertad y a preservar la integridad de sus vidas sólo sería posible en un estado permanente de suspensión de esos derechos fundamentales. Por ello consideramos que haber desconocido ese aspecto esencial (...) y haberlo reemplazado por políticas represivas (...) constituye la responsabilidad más grave que pesa sobre quienes gobiernan a Chile.
Para llevar a cabo su acción represiva, el régimen se procuró de instrumentos adecuados, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Información (CNI). Dichos organismos (...) han sido dotados de recursos materiales que escapan a cualquier sistema de control y sus actividades gozan de la más absoluta impunidad dependiendo directa y exclusivamente del Jefe del Estado.
Mediante el aprovechamiento del estado permanente de excepción en que ha sido declarado el país desde 1973 y de la existencia de los servicios de seguridad mencionados, el régimen ha realizado la más brutal violación de los derechos humanos de los chilenos, sin precedentes en nuestro pasado."